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AGBAR: Una gestion ilegitima del agua

torre agbarUna sentencia afirma que no hay contrato de concesión que regule la relación entre el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa que suministra el agua a la capital catalana

El 5 de octubre de 2010 una sentencia de los juzgados de Barcelona señalaba que “no hay contrato de concesión” entre Aguas de Barcelona (Agbar) y el Ayuntamiento de la capital catalana. A lo largo de 2011 entidades como Ingeniería sin Fronteras y la FAVB han exigido que se resuelva el vacío legal, pero ni el Ayuntamiento ni Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración competente en la gestión del agua, no han respondido a las demandas de la sociedad civil para que se haga público el contrato. Tampoco lo ha hecho Agbar, la empresa privada que desde hace 140 años suministra agua a la ciudad. El reportaje intenta poner luz sobre esta cuestión y analiza los vínculos que hay entre la compañía privada y las administraciones públicas.

El 5 de octubre de 2010 una sentencia de los juzgados de Barcelona señalaba que “no hay contrato de concesión” entre Aguas de Barcelona (Agbar) y el Ayuntamiento de la capital catalana. A lo largo de 2011 entidades como Ingeniería sin Fronteras y la FAVB han exigido que se resuelva el vacío legal, pero ni el Ayuntamiento ni Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración competente en la gestión del agua, no han respondido a las demandas de la sociedad civil para que se haga público el contrato. Tampoco lo ha hecho Agbar, la empresa privada que desde hace 140 años suministra agua a la ciudad. El reportaje intenta poner luz sobre esta cuestión y analiza los vínculos que hay entre la compañía privada y las administraciones públicas.

El 9 de marzo del año 2006, Aguas de Barcelona corta el suministro a un vecino de la ciudad por una deuda de 6.597,85 euros. El origen de esta factura tan abultada es una fuga de agua en una tubería del sótano del edificio. La familia, que vive en una vivienda de 35m2 de Trinitat Vella, presenta una demanda a la compañía y el abogado Pau Saumell encarga de la defensa del caso. El juez, en la sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, ​​da la razón a los demandantes y exige a la compañía que restablezca el servicio al vecino, anula la deuda y obliga a Agbar ya la Entidad Metropolitana de Barcelona a indemnizarlo. Agbar interpuso un recurso y la sentencia está pendiente de resolución definitiva.

Lo más importante de la resolución, sin embargo, no era inicialmente objeto principal del caso. En el marco del proceso judicial, el magistrado Eduardo Paricio Rallo decidió investigar cuál era la relación contractual entre Aguas de Barcelona y las administraciones competentes. Pero, pese a los intentos del juez, que requirió el documento de la concesión del servicio en el Ayuntamiento y Área Metropolitana (AMB), las instituciones afectadas no lo facilitaron. Por tanto, la sentencia acabó constatando que “no hay ningún contrato de concesión” que regule la relación entre las diferentes instituciones públicas y Agbar. Por este motivo, la resolución indica que “hoy por hoy la gestión del servicio de abastecimiento de aguas en la ciudad de Barcelona y la actuación de Aguas de Barcelona en tanto que concesionaria del servicio son actuaciones ilegítimas” y, en consecuencia, “el precio que cobra la compañía a los ciudadanos de Barcelona es ilegal“.

A lo largo de la investigación, el Anuario Media.cat ha solicitado su versión de los hechos a las instituciones públicas afectadas. En el momento de cerrar esta edición, ninguna de las peticiones hechas al gerente de Área Metropolitana, Ramón M. Torra, y al responsable de Medio Ambiente y teniente de alcalde del Ayuntamiento, Antoni Vives, han sido contestadas favorablemente. El concejal Antoni Vives ha “descartado participar” argumentando falta de disponibilidad. Desde el departamento de comunicación de Aguas de Barcelona afirma que “la concesión se basa en la regulación que la Corporación Metropolitana de Barcelona hizo a principios de los años ochenta, cuando asumió la competencia sobre el servicio de abastecimiento de agua en el ámbito metropolitano. “La empresa no facilita, sin embargo, copia de ningún contrato de concesión.

¿Cómo se gestiona el agua?

La distribución y abastecimiento de agua a los domicilios es una competencia de titularidad municipal. Y según determina la ley, la red de distribución de aguas también es propiedad de los municipios. Una de las fórmulas habituales de gestión de este servicio público es establecer una concesión a una empresa privada, adjudicada a través de un concurso público.
En el caso de la capital catalana, las competencias están repartidas entre dos administraciones. El Ayuntamiento de Barcelona tiene la titularidad del servicio y es, por tanto, el encargado de abrir el concurso y adjudicar la concesión, por un período limitado de tiempo y con unas condiciones concretas. En cambio, quien vela por el funcionamiento y la calidad del servicio es Área Metropolitana de Barcelona, ​​una entidad supramunicipal que agrupa 36 poblaciones.

En la capital catalana, la compañía que ha gestionado el suministro del agua en los domicilios desde hace más de 140 años es Aguas de Barcelona. Quizá por eso nunca nadie-hasta ahora-había puesto en duda la legitimidad de la relación entre la empresa de aguas-que siempre ha sido privada-y los entes municipales. A fecha de hoy, el único documento hecho público por el Ayuntamiento y Área Metropolitana que avale la legitimidad de la relación contractual son las “Bases para el convenio con la Sociedad General de Aguas de Barcelona” del año 1966, un texto que detalla los aspectos previos para establecer una concesión con Aguas de Barcelona. Según el abogado Pau Saumell, sin embargo, el documento “no se puede considerar un contrato de concesión” sino que es sólo el inicio de tramitación de este contrato. La ley regula diferentes fases del procedimiento y “este es sólo un primer paso”, explica.

El hecho de que no exista la concesión o que esté caducada pone Aguas de Barcelona, ​​el Ayuntamiento y Área Metropolitana “en una situación de ilegalidad, porque no se ha respetado ninguno de los procedimientos previstos por la ley“, remarca el abogado. Por lo tanto, se podría iniciar un procedimiento judicial para denunciar la compañía privada y las administraciones. Hasta ahora, sin embargo, nadie se ha atrevido a abrir la caja de Pandora. Esta situación cobra especial trascendencia si tenemos en cuenta que se trata, precisamente, de la gestión del agua potable, un derecho humano y básico reconocido en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho “esencial para el pleno disfrute de la vida “y del que dependen otros derechos como la alimentación.

Demandas sin respuesta

Desde que se emitió la sentencia, hace un año y medio, diversos colectivos de la sociedad civil han reclamado sin éxito que se haga público el contrato de concesión. Ingeniería Sin Fronteras (ISF), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Red Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción, ATTAC y los propios sindicatos con representación en Aguas de Barcelona han pedido por varias vías que se resuelva lo que se considera un “vacío legal en la prestación de un servicio fundamental”. A día de hoy no han recibido nunca ninguna respuesta, ni por parte de la Administración ni de la empresa privada.

Según Jaume Delclòs, miembro de Ingeniería Sin Fronteras, “Agbar está suministrando un servicio a Barcelona sin cobertura legal“, pero como lo ha proporcionado históricamente, “le ha seguido dando con o sin contrato”. En cuanto a abrir un proceso judicial contra Aguas de Barcelona, ​​la FAVB de momento lo descarta, aunque critica duramente el “nivel de impunidad” de la compañía privada. La asociación hace esta denuncia a raíz del reciente creado Foro de Debate sobre el Derecho de Aguas, fruto de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación Agbar, y promovido por el ex diputado de CiU Ramon Camp . Según Albert Recio, miembro de la Junta de la FAVB, este acuerdo “parece una compra del poder judicial para que los recursos de la empresa prosperen” y cuestiona la independencia de este organismo judicial.

Falta de transparencia

La Ley estatal 20/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público regula el acceso a esta información de carácter público “en conformidad con el principio de transparencia“. Sin embargo, el contrato de concesión de Agbar está rodeado de hermetismo. No lo han llegado a ver nunca ninguna de las personas consultadas para elaborar este reportaje, incluidos ex altos cargos de la Entidad Metropolitana, trabajadores de Agbar o responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona. Jaume Solà, ex director de la Agencia Catalana del Agua, afirma tajante: “Es un tema tabú y oculto“. Si no se tiene acceso al contrato y, por tanto, se desconoce la duración de la concesión y las cláusulas que la rigen, no se puede cuestionar ni “pedir responsabilidades a las empresas concesionarias”, apunta Janet Sanz, miembro de ICV-EUiA a la Comisión de Medio Ambiente de la AMB y concejala del Ayuntamiento de Barcelona. Iniciativa es el único partido político del consistorio que ha pedido repetidamente y sin ningún resultado que se haga público el contrato.

Los responsables del consistorio, sin embargo, afirman públicamente que la situación es del todo regular.El 19 de mayo de 2011, en unas jornadas de debate sobre la gestión del agua en Barcelona, ​​todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de la capital catalana se comprometieron a hacer una gestión totalmente transparente ya facilitar toda la documentación referente a la concesión con Agbar. En una muestra de sintonía poco habitual en época preelectoral, CiU y PSC se pusieron de acuerdo en un aspecto: que “el contrato de concesión existe”. Han pasado doce meses y todavía no se ha hecho público. Sanz afirma que desconoce qué intereses “personales, políticos y económicos” hay pero añade que “es obvio” que son porque si no “no se entiende esta sensación de desinformación”.

Los trabajadores, desprotegidos

La opacidad de la concesión también afecta, y de cerca, la plantilla de Aguas de Barcelona, ​​de 750 trabajadores. Con un Expediente de Regulación de Empleo en marcha a principios del año 2012 que afectará 51 personas-que se suman a las 194 ya afectadas el año 2010 -, los representantes sindicales de la empresa consultados por este reportaje han denunciado la situación de “desprotección” en que se encuentran los trabajadores. Se muestran preocupados “que no haya ningún documento que describa los servicios esenciales y la plantilla asociada a estos servicios esenciales”. La situación, según afirman, “pone en peligro tanto el servicio público como la misma plantilla de la empresa.”

Tras varias peticiones formales del contrato que no han sido atendidas, el Comité de Intercentros de la empresa y las secciones sindicales de ATAB, UGT, CCOO y CGT denunciaron el 9 de noviembre de 2011 al Síndic de Greuges “la inactividad del Área Metropolitana de Barcelona “, que consideran que” constituye un grave incumplimiento de la legislación administrativa vigente “.

Paralelamente a los ERE, Aguas de Barcelona, ​​la compañía cabecera del grupo Agbar y la única que cotiza en bolsa, tuvo el año 2010 unos beneficios de más de 470 millones de euros. Y mientras la plantilla y el coste que representa ha disminuido un 23%, la tarifa del agua que pagan los ciudadanos ha aumentado en los últimos años. El grupo Agbar, controlado desde 2010 por la francesa Suez (75,74%) y la Caja (24,26%), gestiona el suministro del agua potable de casi tres millones de personas en la ciudad de Barcelona y 22 municipios Además del área metropolitana, en la mayoría de los cuales tampoco se ha hecho público el contrato de concesión. El grupo también es el primer gestor del servicio en el Estado español. Con capital francés y gestionada desde París, el holding internacional de Agbar está formado por 128 empresas y tiene presencia en nueve países (España, Chile, China, Reino Unido, Colombia, Argelia, Cuba, México y Perú). En cifras globales, la empresa dirigida por Àngel Simon, con sede en Barcelona, ​​da servicio a 26 millones de personas y el año 2010 obtuvo unos ingresos por explotación de 1.956 millones de euros.

Puertas giratorias entre Agbar, el Ayuntamiento y Área Metropolitana

Área Metropolitana de Barcelona, ​​como administración competente en la gestión del agua, es la última garante del servicio y la responsable de ejercer un control sobre esta gestión. Sin embargo, son habituales las denuncias de la falta de personal destinado a esta tarea. Además, existen fuertes lazos entre la Administración y la compañía privada. Jaume Solà, ex director de la Agencia Catalana del Agua, afirma que “no se puede mantener el control sobre una empresa como Agbar si no hay un mínimo de personal destinado a hacerlo”. En la misma línea se manifiesta Jaume Delclòs, de Ingenieros Sin Fronteras, que advierte que afirmar que se puede controlar el suministro del agua “a casi tres millones de personas con tres personas es, como mínimo, una falacia” . Según apunta un ex alto cargo de la Entidad Metropolitana, “Agbar siempre ha operado con prepotencia técnica y política. Y siempre ha tenido más poder de presión que la Autoridad metropolitana de Barcelona “.

Jaume Solà considera que esta supuesta falta de supervisión se debe a “las complicidades que hay desde el inicio de la época democrática entre el Ayuntamiento de Barcelona y los directivos principales de Agbar“. Y añade que “las personas que controlaban la concesión desde AMB, un círculo muy reducido de gente y con enorme hermeticidad, se han ido promocionando en Aguas de Barcelona, ​​en cargos importantes dentro de la estructura de esta empresa”.

La realidad habla por sí misma. El actual presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón, había sido el gerente de la Entidad Metropolitana por el PSC entre 1989 y 1995. El artífice de los expedientes de regulación en Aguas de Barcelona y actual director de Recursos Humanos de Agbar, Arsenio Olmo, también había trabajado en la Entidad como técnico. Dentro CON, Agbar también tiene, como mínimo, una persona de confianza: el gerente de la Entidad del Medio Ambiente, Carles Conill, es compañero de promoción y amigo personal de Ángel Simon. Los lazos llegan a puntos insospechados. Recientemente se ha hecho público que cuatro ex cargos de ICV, entre ellos el ex conseller de Medio Ambiente Francesc Baltasar y el ex concejal del consistorio barcelonés Imma Mayol, trabajan, directa o indirectamente, por la compañía. CiU tampoco no falta: el ex secretario de Comunicación y Estrategia de CDC, David Madí, es consejero de la consultorio Deloitte, una empresa que colabora con Agbar.

El monopolio del agua catalana

Con la privatización de Aguas Ter Llobregat (ATLL) sobre la mesa y con Agbar a punto para comprarla, el futuro llega lleno de incógnitas. Si Agbar adquiere ATLL, el grupo tendrá el monopolio del agua en alta en toda Cataluña-la distribución desde la fuente de agua hasta el depósito municipal-y prácticamente el monopolio del abastecimiento a la red local de la ciudad de cuatro millones de personas. Tendría, por tanto, el control del ciclo integral del agua, un hecho que aumentaría el poder de Agbar a la hora de marcar la agenda a nivel urbanístico y terrotiral. Las fuentes consultadas alertan de que, si se formaliza la compra de Aigües Ter Llobregat, “será importante mirar el detalle de la compra, porque no se aproveche el nuevo acuerdo para legalizar la concesión con Barcelona”.

Con todos estos elementos sobre la mesa, la situación pone de manifiesto la necesidad de que administraciones competentes inicien los pasos para regularizar la situación, no sólo en Barcelona sino también al resto de municipios del área metropolitana. Además, la sentencia da la oportunidad de cuestionar el modelo de gestión del agua en Barcelona y de plantear un sistema público sin ánimo de lucro con participación y control social. Los nuevos modelos que han surgido en Europa se han convertido en casos de éxito. En París, el Ayuntamiento remunicipalitzar el servicio el año 2010 y consiguió rebajar las tarifas del año siguiente. Y en Italia, en un referéndum celebrado en junio del año 2011 en que votaron más de 25 millones de personas, la sociedad logró reformar dos leyes, una de las que obligaba a la privatización de los servicios públicos del agua. El futuro del agua catalana, pues, no debe pasar necesariamente por las manos de las grandes multinacionales del sector.

Análisis del tratamiento mediático

En octubre del año 2010 algunos medios de comunicación difundieron la sentencia del juez que apuntaba que no había contrato de concesión. La Vanguardia y El Punt + Hoy publicaron un artículo en sus ediciones impresas, y diarios digitales como La Malla, ABC y El Economista reprodujeron el texto de la agencia EFE. Sin embargo, ningún medio optó por hacer un seguimiento en profundidad sobre esta situación irregular en la que, según la sentencia, opera la compañía. Sólo la revista de la FAVB, Calle, ha publicado recientemente artículos profundos sobre la cuestión en el último número, el 122, titulado “El agua: bien público, negocio privado“.

A lo largo del 2010 y el 2011, la plantilla de Aguas de Barcelona hizo una docena de manifestaciones con cortes en la vía pública en protesta por los Expedientes de Regulación impulsados ​​por la empresa. Los medios de referencia hicieron una cobertura muy desigual y superficial, y sólo medios locales como BTV o COMRàdio informaron de forma continuada de las protestas.
Con la excepción de El Punt + Hoy, BTV, COMRàdio y el programa Solidarios de Catalunya Ràdio, los medios tampoco se hacen eco de las denuncias de entidades como Ingeniería Sin Fronteras. Cuando Agbar es el centro de la diana, los rotativos catalanes esquivan publicar información sobre la compañía. En algunas ocasiones, incluso, la crítica se ha difundido en medios del Estado español y se ha silenciado en Cataluña.

Mas informacion en AnuariMedia.cat

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