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Inspectores de Hacienda con cuentas en paraísos fiscales cobraban por ‘perdonar’ deudas al fisco

Excitación. Esto es lo que sentían algunos inspectores de Hacienda ante determinados contribuyentes de alto standing. O, al menos, así lo entiende el Fiscal Anticorrupción de Cataluña, Jesús Sánchez Ulled. Estos inspectores formaron parte, durante años, de la red de funcionarios corruptos más importante descubierta en España en las últimas décadas. “Se mostraron [los inspectores del fisco] en reiteradas ocasiones indebidamente propicios a los intereses de ciertos contribuyentes de elevado perfil económico, excitados por las ventajas patrimoniales que éstos les ofrecieron con la finalidad de ganarse sus voluntades. En algunos de los casos, los corruptos contactos entre los funcionarios y los empresarios se instrumentalizaban a través de los asesores legales y/o fiscales de estos últimos”, dice la calificación del fiscal. En total, se dejaron de pagar al fisco más de 42 millones de euros.

Unos y otros, corruptos y corruptores, se sentarán en el banquillo de los acusados el martes día 15 para comenzar un larguísimo juicio que se espera que dure siete meses. En ese tiempo, el fiscal deberá demostrar todas y cada una de las imputaciones a los acusados, algunos de los cuales se encuentran entre la élite económica de Barcelona. Unos por cobrar para realizar inspecciones blandas. Otros, por sobornar a los funcionarios con el fin de eludir impuestos. Todos ganaban y los demás perdíamos. 

La lista de imputados es larga jugosa. Se trata de probos representantes de la que ha venido siendo la ejemplar sociedad civil catalana de las últimas décadas. Javier de la Rosa, el abogado Juan José Folchi, José Luis Núñez o su hijo homónimo y Eduardo Bueno Ferrer son algunos de los imputados en la causa. Sus respectivos grupos empresariales estuvieron, muchos años, por encima de la ley tributaria gracias a que los inspectores del fisco “santificaban resultados fiscales inveraces que han producido un importantísimo perjuicio al erario público, el cual ha sido pericialmente cuantificado”, dice el fiscal. Los funcionarios implicados son Josep Maria Huguet, jefe de la Inspección entre 1985 y 1994, Roger Bergua, su segundo durante un largo periodo de tiempo, Álvaro Pernas, inspector que ya fue condenado y cumple condena en la cárcel, José Lucas Carrasco, que poco después de saltar el escándalo fue incluso nombrado Andaluz del Año en Cataluña, y Manuel Abella.

Los ‘amigos’ de De la Rosa

De Javier de la Rosa, que pasó de “empresario modelo” (definición que le dedicó el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol) a inquilino de prisiones, se ha dicho y escrito mucho. Juntamente con su hombre de confianza, Juan José Folchi, situó en cuentas corrientes de Suiza abiertas por inspectores de Hacienda cientos de millones de pesetas (millones de euros) para pagarles sus servicios. Entre los beneficiados de las dádivas se encontraban Josep Maria Huguet y José Lucas Carrasco. Las empresas vinculadas al Grupo Torras, que dirigía De la Rosa, dejaron de tributar miles de millones de pesetas gracias a la benevolencia del fisco.   Empresas pantalla de JR y Folchi “se utilizaron por el grupo para intervenir en complejas y artificiosas operaciones financieras generadores de unas cuantiosas pérdidas que crearon unos “interesantes” créditos fiscales susceptibles de ser compensados en los ejercicios siguientes. Posteriormente, fueron utilizadas, además de para residenciar en ellas plusvalías provenientes de operaciones de compraventa inmobiliaria, para crear y emitir facturas por servicios inexistentes contra Grupo Torras y sus participadas, generando de esta forma la salida de fondos extracontables en las sociedades facturadas y provocando un evidente fraude fiscal”, dice el escrito de acusación.

La amistad entre Folchi y Huguet llegó a ser total. Tanto que el jefe de la inspección se presentó un día en la localidad gerundense de Figueres, donde un inspector había descubierto tres empresas pantalla que se utilizaban para defraudar, y le ordenó cesar en sus investigaciones. El inspector no tuvo más remedio que obedecer, pero se curó en salud y dio parte oficial de la visita. Meses después, se desplazó a Madrid para participar en un cursillo y, en su ausencia, su despacho fue registrado, los expedientes desaparecieron y nunca más volvieron a aparecer. De la Jefatura de Inspección de Barcelona desaparecieron incluso las comunicaciones oficiales, pero había quedado copia de ellas en Girona, dando cuenta de las maniobras de Huguet. Sólo la cuota defraudada por empresas vinculadas a JR y Folchi fue de casi 1.300 millones de pesetas (casi 8 millones de euros).

Cobros sospechosos

No es de extrañar un afán así, puesto que, según un informe de la fiscalía fechado en el año 2000, al tiempo que se tramitaban algunos de los expedientes sobre las sociedades pantalla que habían montado los gestores de Torras Hostench “se produjeron algunos de los ingresos más relevantes en la cuenta suiza del Banque Paribas de José María Huguet”.

Folchi, que había llegado a ser consejero en la Generalitat interina de Josep Tarradellas, supo tejer una potente red de amistades dentro de la Administración. La cabeza de lanza de esta red era Ernesto de Aguiar, que había sido delegado especial de Hacienda en Barcelona en la década de los 80 y más tarde recaló como director general de las Haciendas Territoriales. En 1990, abandonó la administración y se dedicó a sus negocios privados. Íntimo amigo de Josep Maria Huguet, con quien había trabajado en Barcelona, ambos se desplazaron a Ginebra en septiembre de 1990 y abrieron sendas cuentas corrientes -y consecutivas- en el banco Paribas, donde recibieron cientos de millones de pesetas hasta el año 1993.

Según los implicados, el origen de los fondos era un “servicio de permuta de dinero en efectivo por otros medios de pago con el querellado Juan José Folchi”. Pero éste afirmó que el origen de las transferencias respondía a “la contraprestación pactada entre Javier de la Rosa y Ernesto Aguiar por los servicios de asesoramiento prestados por este último en los aspectos fiscales derivados de los procesos de fusión que tuvieron lugar entre Torras, Pamesa, Explosivos Río Tinto, Cros y Ebro”. Pero de lo que no tiene duda el fiscal es de que existió “una relación de asesoramiento prestada por José María Huguet, al tiempo que ejercía la Jefatura de la Inspección Regional, a favor de los intereses de Juan José Folchi”. Eran tiempos de vino y rosas, una época en la que el jefe de la Inspección, junto con su esposa, Rosa Guasch, llegó a asociarse con Ferran Adrià, ya uno de los mejores cocineros del mundo, para abrir el restaurante Talaia, en el Puerto Olímpico de Barcelona.

Conexión con José Borrell

Curiosamente, a pesar de que en principio había sido acusado, la Fiscalía retiró la imputación a Ernesto de Aguiar, el hombre cuya amistad con José Borrell provocó la dimisión de éste como hombre fuerte del PSOE. Sin embargo, continúa siendo socio de José María Huguet, con quien creó en 1993 la firma Huguet y Aguiar SCP, con sede en la Rambla de Catalunya de Barcelona. El fiscal, sin embargo, sí reclama cárcel para Huguet, por haber recibido, en total, algo más de 2,4 millones de euros en sus cuentas suizas.

Folchi mantenía también una relación similar con José Lucas Carrasco, quien trabajó como su asesor hasta 1998. “Por otra parte, el acusado Lucas se reunía periódicamente con Juan Francisco Pont para tratar temas tributarios relativos a empresas de los grupos antes citados [se refiere a Torras]”, dice el fiscal. Paradójicamente, el escrito de acusación del fiscal le retira ahora la imputación a Pont, que era el cerebro gris de la compañía Acie, una de las mayores defraudadoras del fisco de las últimas décadas. Acie, controlada por De la Rosa, lo mismo emitía facturas por informes que era materialmente imposible que hiciese como intervenía en calidad de sociedad pantalla en grandes operaciones inmobiliarias. Cuando la Generalitat de Cataluña compró la sede de los Mossos d’Esquadra, De la Rosa utilizó esta compañía para una operación triangular que, en varios meses, le reportó un beneficio de 700 millones de pesetas.

Lucas, sin embargo, sí está acusado. “Lucas y Folchi articularon un sistema de retribución encubierta a través de la utilización de cuentas bancarias abiertas en entidades suizas por la esposa de Lucas, Mayra Mas, donde Folchi realizaría periódicos ingresos dinerarios”, acusa el fiscal. En Crédit Suisse, el matrimonio de avispados “asesores” recibió 104 millones de pesetas provenientes de cuentas relacionadas con Folchi. Además, Lucas asesoraba a los grupos Núñez y Navarro (José Luis Núñez) e Ibusa (Eduardo Bueno). El primero le llegó a pagar, entre 1987 y 1998, más de 123 millones de pesetas a través de LML, la empresa patrimonial de Lucas. Con el dinero que le iba pagando, compraba inmuebles a Núñez, que inmediatamente alquilaba al mismo grupo al que se los había comprado (llegó a percibir más de 17 millones de pesetas por este concepto), por lo que la entrada de dinero en las arcas del inspector de Hacienda era doble, aparte de su sueldo oficial: por asesoramiento y por el alquiler. En total, llegó a adquirir 10 pisos y 6 plazas de garaje. La esposa de Lucas, Mayra Mas, realizó una declaración complementaria en 1999 reconociendo que tenían 207 millones de pesetas en fondos suizos sin declarar. No obstante, ahora el fiscal solicita su no imputación.

Fuente: El Confidencial

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